Las medidas de seguridad que implementará el Inpec para evitar que Mancuso sea asesinado

En plena emergencia carcelaria, mientras las autoridades tienen dificultades para evitar que presos peligrosos continúen delinquiendo desde la cárcel, le acaba de llegar al Inpec un nuevo gran reto de seguridad.

Después de 16 años en Estados Unidos, volvió al país Salvatore Mancuso, quien, en un helicóptero, y en medio de enormes medidas de seguridad, fue trasladado a un pabellón de alta seguridad de la cárcel La Picota.

El director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, habló con Colprensa sobre las medidas especiales que han debido adoptar y que siguen evaluando para custodiar a Mancuso, entre ellas que le sea llevada su propia comida o que el recluso que se encargue de preparar la comida la pruebe primero para evitar que Mancuso sea envenenado.

Gutiérrez habló además de lo que se viene haciendo para evitar que presos peligrosos delincan desde las cárceles y proteger a los guardianes que están en peligro por esta causa.

¿Cómo fue el operativo para la llegada de Mancuso a la Cárcel La Picota en Bogotá?

Bueno, hicimos una buena articulación con la Policía Nacional para la recepción, la entrega y el traslado hacia La Picota. Llegó en un helicóptero Black Hawk. Ya se había establecido el sitio en donde iba a aterrizar con todas las medidas de seguridad. Ahí ya llegó la policía, pero entró la responsabilidad del Inpec con grupos especiales. Se ubicó en una celda del pabellón de extraditables segundo piso, una celda independiente con baño privado, tres por cuatro, aproximadamente, el tamaño. Estamos a la espera de los requerimientos del abogado en cuanto a la alimentación, frente algunas condiciones. Por ahora, todo termino bien con las condiciones de seguridad y sin ninguna novedad.

Precisamente sobre el tema de la alimentación ¿Se conoce alguna solicitud especial por parte del abogado de Mancuso sobre este tema en pro de la seguridad y evitar un posible envenenamiento?

Ya estamos revisando qué solicitud envió el abogado para determinar cómo va a ser el procedimiento frente a la alimentación.

Hay varias posibilidades, una posibilidad es que renuncie a la alimentación, otra es lo que se ha hecho en otras oportunidades de que la policía judicial del Inpec hace una grabación o una cadena de custodia desde que están preparando los alimentos. Se hace un video hasta que se le llevan a la persona privada de libertad. También ha sido posible que el interno que trabaja como ranchero, como cocinero, pruebe la comida antes de entregársela a esta persona privada abierta. Entonces, hay varias posibilidades. La otra posibilidad es que también la ley permite que ingrese su comida desde afuera ya preparada. Entonces esas son las tres posibilidades y estamos viendo la mejor posición que sea en términos de seguridad más adecuadas.

¿Hay otro tipo de solicitudes especiales?

Por ahora no tenemos información de otras solicitudes, nos ha hablado de otros temas, entonces estamos a la espera de cualquier solicitud.

Frente al tema de la seguridad se supo que los guardias vienen capacitados por la embajada americana. ¿Por qué estas personas? ¿Qué tienen de especial?

Hicimos un acuerdo de entendimiento con la embajada americana, donde hemos venido capacitando funcionarios del Inpec más focalizados en el pabellón de extraditables. Se han capacitado alrededor de unos 150 funcionarios en manejo de prisiones de alta seguridad. Se hizo polígrafo y antes de eso lo que se hizo fue una selección en todo el país. Una selección y una incorporación para pertenecer a ese grupo donde sean funcionarios, hombres y mujeres que no estén sancionados, no tengan un tipo de investigación, se hacen un chequeo por varias informaciones a través de lo que se puede consolidar en la oficina de control interno, disciplinarios y demás. Han recibido un entrenamiento importante por parte de la embajada y por eso se decide enviar a Mancuso a ese pabellón de extraditables donde tenemos personal más capacitado, más entrenado, con menos corrupción y con más dedicación.

Ustedes anunciaron que hay cuatro anillos de seguridad y hasta 64 guardias custodiando a Mancuso, pero realmente ¿cuántas personas van a tener un contacto directo con él

Únicamente dos personas, un oficial de seguridad que va a estar ahí y un pabellonero que va a estar pendiente de la seguridad y pendiente de cualquier requerimiento de la persona privada de la libertad. También la otra es poder tener unas cámaras de vigilancia. Entre menos tengamos acceso a los funcionarios o comunicación o contacto con funcionarios evitamos que haya corrupción, pero también evitamos que haya riesgos de seguridad o amenazas.

Se puede conocer qué otras personas están en este pabellón de extraditables

Este pabellón está conformado más o menos por 250 extraditables que se encuentran adentro del pabellón. Mancuso no está ahí dentro porque se tiene esa posibilidad de tener varias celdas que no tienen contacto con ellos. Es un pabellón que tiene varias ubicaciones, entonces donde esta Mancuso está totalmente independiente. Adentro tenemos dos patios donde están extraditables o internos de alto perfil como alias Douglas y otros. Ahí están todos los extraditables pedidos por extradición por los Estados Unidos.

Generalmente, los privados de la libertad tienen sus tiempos para salir a zonas comunes de alimentación y otras. ¿Mancuso tendrá contacto con otros reclusos en estas zonas comunes?

No, esa celda queda dentro del pabellón, pero está aparte de los demás patios. Él tiene la posibilidad de que hay un espacio donde pueda recibir la alimentación, como una especie de comedor y también ahí está la parte de los abogados. Y también está la parte de las audiencias virtuales independiente a lo que se encuentra entonces no va a tener comunicación y contacto con otros internos.

¿Hay Cámara de seguridad dentro de la celda?

No, por temas de Derechos Humanos y por el respeto a la intimidad, pero sí al frente de la celda tenemos varias cámaras de seguridad para enfocar la salida de la celda, la puerta de la celda de 3 por 4, más o menos y tiene baño privado, entonces no tienes ya estar saliendo, eso le da tranquilidad para no estar en movimiento.

Se conoció una declaración por parte del abogado de Mancuso, sobre la preocupación al tema de la seguridad ¿Qué responderle a él sobre la seguridad en la cárcel para el exparamilitar?

Precisamente ese es el temor de la defensa de las personas que llegan a las cárceles, pero cuando hicimos el análisis de las 126 cárceles del país llegamos a la decisión de La Picota, precisamente por la capacitación de los funcionarios, porque vamos a mejorar las instalaciones, porque vamos a mejorar la parte técnica y tecnológica, hay más cámaras. ¿Entonces, qué responder frente a eso? Pues estamos mitigando la mayor cantidad de riesgos. El riesgo no es infalible, no se puede minimizar al 100%, pero estaba muy mitigando un alto porcentaje que no le llegue a pasar nada.

¿Tienen algún conocimiento de cuánto tiempo Mancuso pueda estar ahí, ya que se habla de su libertad por ser gestor de paz?

No, esa información ya es de parte de los jueces y de parte de seguramente la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Nosotros cumplimos lo que dicen los jueces y por ahora lo que se está cumpliendo es que estuviera privado en una cárcel del Inpec y es lo que estamos haciendo.

FUENTE: El Colombiano

“El presidente Petro no puede hacer ninguna reforma de facto”: Iván Name, presidente del Congreso

El senador Iván Name, quien desde el Legislativo se ha consolidado como una voz independiente del Gobierno, ratificó la autonomía del Congreso y alertó por la “radicalidad” que contamina varios proyectos.

Tras una elección que echó al traste los cálculos del Gobierno, Name logró llegar a la máxima dignidad del Congreso y desde allí se ha consolidado como una voz crítica del Ejecutivo. En diálogo con EL COLOMBIANO, el congresista se declara dispuesto a tramitar las iniciativas, pero advierte que Petro “no puede hacer ninguna reforma de facto” y que cada proyecto será analizado con detenimiento.

Al ratificar la independencia de la Corporación, asegura que el Congreso “no tiene una soga en el cuello del presidencialismo”. Reclama que hay “radicalidad” en varios proyectos y pide que no haya presiones contra el Parlamento. Incluso, se refiere a la reforma a la salud y señala que “las EPS necesitan que se les corten las uñas, pero no la cabeza”. Name también ha sido uno de los líderes de la propuesta de una posible autonomía regional, que se alinea a lo que están empezando a promover varios alcaldes del país.

Se cumplió la primera mitad de su mandato y, sin duda, este semestre legislativo pinta movido y ajetreado. ¿Qué balance hace de su desempeño hasta ahora?

“El Parlamento es una institución serena que radica su vigor y su fuerza no en el número de leyes, sino en la integralidad y en el trámite de las mismas, así como el control político y la representatividad. Nuestro Congreso es impecable, nuestra institucionalidad incuestionable, nuestro origen legítimo y nuestra disposición hoy es el trámite de las reformas que nos ha presentado el Gobierno y los mismos legisladores. Todo esto, de una manera serena y tranquila”.

Es decir, si le pregunto una palabra para resumir lo que va de su presidencia, ¿me diría que es tranquilidad?

“Es que realmente el ejercicio de la presidencia es principalmente administrativo y no el locuaz y sistemático modelo de estar hablando por el Congreso, reemplazando al Parlamento y a los senadores. Eso los advenedizos no lo saben, pero yo sí que tengo tres generaciones de estar acá.

Primero, supe presentar mi nombre para que me eligieran contra Petro, contra Claudia López y contra todos los factores del poder. Segundo, sé mantener la discreción y el respeto con mis colegas. Por ello, no ando en la prédica y en el campaneo de qué va a suceder, sino a la espera de ser un buen coordinador y legitimador de garantías suficientes para todos los sectores”.

¿Cómo contrasta esa paz que, dice, reina en el Senado frente a lo convulso que está el país? Basta ver lo que ocurrió hace menos de un mes contra la Corte Suprema de Justicia.

“Esa pregunta me permite decirle: qué gran contraste el del órgano legislativo con el de otros que instan a circunstancias inconvenientes, como la de sacar a la gente a las calles a hacer presión para la toma de las decisiones de los otros órganos del poder público.

El Legislativo actúa con serenidad, reina la calma y producirá las decisiones que le correspondan sin ningún tipo de presión ni espectacularidad”.

Este semestre legislativo se pasa volando. ¿Cuáles son los temas, debates y proyectos que priorizará de acá al 20 de junio?

“La agenda legislativa está bastante priorizada con todo ese alud de reformas que se han presentado y tendremos el tiempo suficiente y requerido para que podamos votarlas y decidirlas en la sintonía de la conveniencia nacional. El Congreso –lo he dicho desde que me eligieron–, no tiene una soga en el cuello del presidencialismo. El Congreso tiene independencia y autonomía. Sé cómo la tradición democrática y los modelos presidencialistas terminan agenciando al Parlamento, pero esta es una época diferente”.

Justamente usted reconoce que hay un alud de reformas. ¿Cómo hacer para que todas tengan una discusión analítica y sin afanes, pese a lo apretado de los tiempos?, ¿cómo evitar el pupitrazo?

“Tenemos que honrar una tradición y un patrimonio que es nuestra democracia. Ella nos obliga y nos exige sacrificios y un entendimiento superior al mediático, al coyuntural y al accidental. Estoy convencido de que la experiencia del tiempo nos impedirá cometer errores.

Todo ello, dentro del entendimiento de que soy un legislador que presentó reformas hace 30 años, que son hoy las que hay que modificar y estoy de acuerdo en su necesidad de revisarlas. Lo que no sé es si podamos coincidir con este Gobierno que, al parecer, en algunas tiene tal radicalidad que podrían parecer inconvenientes. Pero no me puedo adelantar a una decisión del Congreso. Estaré de acuerdo en que revisemos, analicemos y decidamos”.

Usted crítica la radicalidad de algunas reformas. Le pregunto al senador Name y no al presidente del Congreso, ¿cuáles, de ese alud de reformas, le preocupan de manera particular?

“Un concepto fundamental es estar dispuesto a convencer y ser convencidos. Hemos avanzado mucho si hablamos de la salud en el sistema de asegurabilidad. Tengo en la memoria mi historia, la historia del país, cuando la gente se moría en las puertas de los hospitales porque no había un depósito previo. Hemos avanzado tanto que tenemos que seguir avanzando y no retroceder.

El modelo de asegurabilidad no puede liquidarse. El modelo que nos permite hoy hacer un balance de avances lo debemos sostener, pero no necesariamente defendiendo unas EPS que hay que revisar. Tengo una frase un poco incomoda, pero se la dejo: las EPS necesitan que se les corten las uñas, pero no la cabeza”.

¿Qué prioridad le va a dar a los debates de control político para que la agenda, como pasó en Cámara, no termine cooptada por los proyectos del Gobierno?

“Trataremos de que no vaya a estacionarse la agenda legislativa, puesto que cuando entran los proyectos se pueden congestionar. Esperamos tener una dinámica que nos permita darle el trámite a las reformas que vienen del Ejecutivo y a las propuestas del Legislativo, pero también a otras”.

En términos prácticos, ¿cómo piensa lograrlo y evitar lo que el país vivió con una Cámara cooptada por la reforma a la salud?

“Vamos a tratar de que los proyectos tengan un trámite ágil, pero que no implique que vayamos a las carreras. Los marcos legislativos, en lo pensional, en lo educativo, en lo energético o en lo ambientalhay que reformarlos, pero no de cualquier manera. Se necesita un detenido análisis para que acertemos en lo que debemos ajustar”.

Me da pie para preguntarle, ¿qué análisis hizo del desempeño del presidente Andrés Calle en la Cámara frente al manejo de las reformas?

“Le estoy muy agradecido al presidente Calle por algún consejo que le leí por ahí. Pero yo no me atrevo a darle consejos a él, porque me parece que es importante la independencia, la autonomía y el total entendimiento de que cada cámara actúa con una dinámica dado su origen y circunstancias en particular frente al trámite de las leyes”.

A propósito de la reforma a la salud, ¿cómo ve las cargas y el ambiente político en el Senado?

“Lo primero que tengo que decir es que el presidente de la República no puede hacer ninguna reforma de facto, como al parecer está anunciando que lo va a hacer en términos de las EPS y otros sectores. La institucionalidad tiene que respetarse.

Vamos a pronunciarnos y a decidir sobre la reforma a la salud y sobre ello estamos empezando su trámite y su análisis en el Senado. Ya hizo su tránsito en la Cámara. Espero que lo que decidamos sea lo que más le convenga al país, pero mientras tanto que no nos vengan a hacer reformas en otras partes, porque aquí es donde está la institucionalidad y ella debe respetarse”.

Usted dice que no hay que cortarle la cabeza a las EPS, pero sí las uñas. ¿Qué otros aspectos le preocupan de la reforma?

“Nosotros, en el caso de lo que yo represento, no somos defensores de las EPS. Por el contrario, hay mucha plata que se ha evaporado. Pero el modelo de asegurabilidad ha probado avances frente a lo que tuvimos antes.

Estatizar la salud me parece un error y también me parece absolutamente indispensable que las coberturas sean reales y mucho más amplias. Hay mucha teoría y mucho cuento. En el tema de la promoción y prevención también necesitamos tener un cuidadoso tratamiento legislativo para armonizar una reforma que es necesaria, pero en términos de que no vayamos a arrasar con lo que hemos avanzado”.

Como llega hoy la reforma al Senado, ¿votaría sí o no?

“Tengo que responderle como presidente del Congreso. Tengo que esperar que el Senado haga el análisis y el estudio que empieza apenas en la Comisión Séptima. Respeto a mis compañeros, haremos los estudios del caso. Por ello, no considero respetuoso adelantar una posición sobre lo que apenas estamos estudiando”.

¿Cree que sus otros compañeros, sin decir nombres, estén dispuestos a dar un debate a esa altura?, ¿o la discusión podría terminar permeada por mermelada? Basta ver lo que pasó con los conservadores la semana pasada…

“Confío en la grandeza del Congreso. Veo una disposición independiente, autónoma, digna, institucional y democrática por parte de los miembros del Senado para dar el trámite y tomar decisiones frente a las reformas”.

¿Durante su presidencia ha sentido presiones o una injerencia por parte del Gobierno?

“No. He mantenido una relación respetuosa con el presidente, eso sí un poco distante. No es tan frecuente como en otras épocas en las que seguramente había otro grado de cercanía entre el presidente del Congreso y el presidente de la República, de tal manera que no he tenido contacto alguno más allá de la cortesía de un almuerzo que me brindó tras mi elección como presidente del Congreso. El desarrollo ha sido respetuoso y distante, por lo tanto independiente y autónomo”.

¿Por qué ha sido tan distante?, ¿por qué no se ha podido establecer una cercanía que contribuya al trabajo armónico de dos poderes públicos?

“El estilo del presidente y el mío son de respeto mutuo, y en eso celebro que podamos coincidir, así como no coincidimos en otras cosas. El mejor trato y la mayor conveniencia democrática es la independencia del Parlamento con el Ejecutivo. Así hemos trabajado y marchado estos meses”.

Si le entendí, ¿en lo que va de su presidencia solo una vez ha hablado con el presidente Petro?

“Sí señor, solamente una vez. Lo demás fue una visita que él hizo para la despedida de nuestra querida senadora Piedad Córdoba. Acá lo recibí en el Capitolio y también nos despedimos cortésmente. Lo demás ha sido el tratamiento institucional y a través de los funcionarios del Gobierno que han venido a presentar sus informes y el trámite legislativo propio que nos debe caracterizar en el Senado”.

¿Basta con ese relacionamiento a través de funcionarios?, ¿o debería haber una comunicación más fluida y directa?

“Prefiero que mantengamos las autonomías y que tengamos la independencia, así como la claridad, para poder trabajar desde el Legislativo con toda independencia”.

Le escuché decir que la institucionalidad quedó maltratada por lo ocurrido con la Corte Suprema. Hechos de ese calibre, ¿cómo afectan también la institucionalidad del Congreso?

“La voluntad popular está impresa en las instituciones y no pueden ser presionadas. Fue inconveniente la convocatoria a las calles en el tema de exigirle a la Corte Suprema términos y condiciones para su pronunciamiento sobre la elección de la Fiscalía. De tal manera que esperamos que no se sistematice ese modus operandi porque, como lo he dicho, cualquier día podría haber una situación muy grave y se necesita de medio muerto para que haya una guerra civil. Eso es lo menos deseable en un país como Colombia”.

¿Teme que, si en el Congreso las cosas no salen como el Gobierno quiere con sus reformas, el petrismo termine volcando a la gente a las calles contra el Parlamento?

“Le recomendaría al presidente que no lo intentara, que no lo hiciera, porque es inconveniente y traumático para la democracia. Pero no sé qué tanta popularidad tenga hoy una serie de propuestas como para que la Plaza de Bolívar vaya a desbordarse en las columnas del Capitolio. Confío en que la razón, la serenidad y la sabiduría democrática asista al poder Legislativo, al Presidencial y al Judicial para que Colombia adelante esta difícil etapa y pueda continuar con su democracia intacta”.

¿En la Alianza Verde cómo está el ambiente político frente al Gobierno?, ¿usted es partidario de que dejen de ser de gobierno y migren a la independencia?

“Desde el principio de este Gobierno recomendé a mi partido la independencia. Sin embargo, se decidió por otro camino, lo que no significa que tengamos que estar de una manera sistemática e incondicional con el Gobierno. Yo, por ejemplo, me he separado y he sido crítico de muchas de sus actitudes y propuestas. Pero el partido va a tomar una decisión en marzo que hay un nuevo congreso y allí recomendaré, de nuevo, independencia. Eso nos da una mayor categoría y nos permite ser mucho más integrales en el aporte para el mejor destino de nuestra Nación”.

¿Cree que el Gobierno en el trámite de todas sus reformas ha echado mano de la mermelada?

“No sé realmente. No me he informado, ni me han informado de que así sea. Recientemente vi que en Partido Conservador causó mucha molestia la designación de una ministra. Quiero interpretar que ese fue un episodio en el que el Gobierno quiso representar de pronto a un sector, pero no en detrimento del otro. En definitiva, el Partido Conservador, de una manera patriótica, se mantuvo muy unido y esa independencia de los partidos es lo más conveniente para una democracia”.

¿Teme que algo parecido le puedan hacer a los verdes?

“Los riesgos de la vida y de la política siempre subsisten. Pero estaremos muy pendientes de que el Congreso y sus partidos, entre otros el nuestro, actúen libre de cualquier tipo de prebenda”.

El Gobierno anunció que la concesión de la Autopista del Caribe no va. Usted es costeño, ¿qué análisis hace de eso?

“Es profundamente inconveniente. Esto va a desestimular la inversión y va a generar una gran inestabilidad jurídico-política-social. El Caribe merece toda la atención. Las concesiones, como están hoy en Colombia, deben ser revisadas. Pero no por ello anuladas. Lo que acaba de pasar con el Caribe no tiene justificación y va a generar perjuicio, además de que es inconveniente”.

Y si se le suma lo de los Juegos Panamericanos es peor la situación. ¿Siente que el Gobierno está maltratando al Caribe ?

“El Senado tendrá que pronunciarse sobre qué tipo de daño sintió que le causó, no solo al Caribe, sino al país, este trato equivocado. Estoy seguro que el Gobierno nunca tuvo interés en la realización de los Juegos y le hizo un gran daño, no solamente a la Costa, sino al país con el manejo que le dio a este trámite”.

FUENTE: El Colombiano

Así fue la jugadita de Petro para meter su ‘reforma a la salud’

Aldo Cadena llegó a la presidencia de la Nueva EPS luego de varias maniobras, a pesar de la reticiencia de las cajas. El polémico directivo hizo parte del descalabro de Capital Salud.

Los antecedentes del recién nombrado presidente de la Nueva EPS —la de más grande cobertura en el país, con presencia en 1.117 municipios—, Aldo Cadena Rojas, como administrador y gerente al frente de una entidad promotora de salud no son los mejores, así como la forma en la que se habría dado su llegada a ese puesto.

Ese movimiento, presuntamente, se dio por medio de presiones a miembros de la junta directiva de esa EPS, que está conformada por tres personas de las cajas de compensación Cafam, Colsubsidio y Compensar y otros dos representando al Gobierno.

Dos fuentes que conocieron los intringulis de cómo fue la maniobra le contaron que hubo presiones para que la junta directiva aprobara un nuevo manual de funciones para ajustar el perfil del cargo y nombrar ahí a Aldo Cadena.

Las cajas de compensación, especialmente, se habían negado a la idea de cambiar al entonces presidente José Fernando Cardona Uribe, al considerar que había hecho una labor impecable a lo largo de los 14 años que estuvo al frente de la EPS y además, porque temían que el cargo quedara en manos de políticos cuestionados.

Sin embargo, cuentan las fuentes que dos de las cajas se vieron sometidas a una presión porque están “en una situación de debilidad financiera enorme”. Compensar, por ejemplo, depende de los recursos de la salud y a Camfam le tienen intervenida Famisanar.

Bajo esa premisa fue que el gobierno logró alinearlas para que Cadena llegara al cargo. Para terminar de convercerlos, se comprometíó a atender una petición que les hicieron desde las cajas de compensación de firmar un acuerdo en el que se comprometían a respetar el gobierno corporativo de la entidad, pero los delegados gubernamentales no firmaron.

Esta jugada es para muchos la punta de lanza del gobierno Petro para hacer su ‘reforma a la salud’, en caso de que el Congreso no la apruebe, pues no solo tendría el control de la EPS más grande del país, sino que podría terminar recofiendo otras EPS que empiecen a flaquear en el camino.

El descalabro de Cadena en Bogotá

Aldo Cadena fue el presidente de la junta directiva de la EPS Capital Salud y también secretario de Salud ad hoc para los temas referentes a ella entre julio de 2014 y diciembre de 2015, durante la administración de Gustavo Petro en la Alcaldía de Bogotá.

El pasado que empaña sus resultados de gestión al frente de esta EPS reposan en un informe de la firma KPMG, que hizo una auditoría forense a los manejos de Capital Salud entre octubre de 2014 y mayo de 2016 para buscar posibles fraudes.

Lo que encontró ese escrutinio a la aseguradora es que en su gerencia, esa EPS pasó de $151.000 millones en pérdidas en diciembre de 2014 a $367.000 millones en diciembre de 2015 y su pasivo (deudas sin pagar) pasó de $254.000 millones a $635.000 millones en el mismo tiempo.

La auditoría muestra el desorden en las finanzas de Capital Salud que conllevaron, por ejemplo, a que no se hicieran auditorías médicas o hasta se hicieran pagos dobles a hospitales y clínicas que prestaban servicios a los afiliados.

Entre los hallazgos significativos de el informe, la auditoría encontró que hubo falta de controles y ejecución de autorizaciones con procedimientos de verificación incompletos causados por la “aprobación de servicios a usuarios sin derecho o con doble afiliación que pueden conllevar a sobrecostos de la entidad”.

Como causa de lo anterior, KPMG halló que esa EPS no usaba la aplicación “Base de Datos Única de Afiliados” (BDUA), lo cual “refleja la ausencia de controles en la validación de los derechos de los usuarios” y constituye un incumplimiento a las normas del Ministerio de Salud.

Los auditores hallaron que en esos años Capital Salud autorizó pagos por servicios de ambulancias a prestadores que no se dedican a dar ese servicio. El pago por evento es un mecanismo de liquidación que en los sistemas de salud se conoce como “pago por servicio” y consiste en pagarle al profesional de salud o prestadores cada actividad realizada para que haya incentivo para aumentar la productividad.

Sin embargo, expertos como el consultor en salud Ramón Castaño advierten que este mecanismo puede inducir la demanda de atención en salud, “en especial de los servicios que son más rentables”.

Ese pago que hizo Capital Salud por ambulancias a un prestador que no se dedicaba a eso fue de $1.437 millones. Pero lo preocupante para los auditores fue que la aseguradora tenía contratos firmados por $1.009 millones con otras IPS (instituciones prestadoras de salud) para el mismo fin. Esta situación fue descrita en el informe como “posibles incumplimientos del prestador contratado para tal fin”.

Las 119 páginas del informe también reflejan el desorden con el que se manejaron los pagos de las cuentas médicas. El hallazgo señalado indica que hubo 963 cuentas médicas por valor de $136 millones aprobadas para pago “en las cuales no hay evidencia de auditoría genérica, administrativa o médica”.

Una auditoría sirve para que una EPS —que paga a un hospital o clínica por servicios a sus afiliados— pueda revisar que lo que le cobran corresponde a lo que realmente hizo y que cumplió con una serie de criterios.

“Adicionalmente, se encontró que cerca del 26 % del total de cuentas médicas no tuvieron ningún tipo de auditoría médica (evaluación de la calidad de la atención en salud que reciben los pacientes)”, remata el documento que es de acceso público.

La cereza en el pastel de esto es que en esas cuentas no auditadas “se ve una concentración importante en proveedores de servicios con alto riesgo de error o fraude por ser de tercer nivel, servicios especializados y de alto costo”.

En total, fueron $367.041 millones los que por esos años Capital Salud pagó a las IPS en Bogotá por facturas que no tenían auditoría médica. Mientras que las que sí tuvieron fueron por cuenta de $1 billón.

FUENTE: El Colombiano

Los últimos días de Piedad: “Pesaba 40 y pico de kilos y estaba destrozada moralmente”

Piedad Córdoba vivió todo un viacrucis en sus últimos meses de vida. Amigas y allegados le contaron a EL COLOMBIANO dramáticos detalles. Una caravana de carros y motos la recibió anoche en Quibdó para su velación.

Los últimos meses de vida de Piedad Córdoba fueron tan difíciles, tan tristes, que hasta sus escoltas temían por su vida. “Estuve comiendo con ella en noviembre, hablamos unas cinco horas y fue ¡tremendo, tremendo, tremendo! porque la vi físicamente acabada, estaba pesando 40 y pico de kilos, y moralmente destrozada por el problema de su hermano”, dice una persona que la conocía de muchos años atrás.

Esa noche, en un restaurante peruano en el alto de Palmas, Piedad se tomó dos botellas de Old Parr. “Cuando la fui a levantar de la mesa, ella ni me oía”. Un escolta conmovido decía: “¡ayúdela, hable con ella, ella está muy sola y a usted la quiere mucho, dígale que no tome más!”.

La soledad de Piedad llegó a tal punto que el 31 de diciembre no salió de la habitación de su casa. Y este sábado, cuando hacia el mediodía su hija Natalia la encontró desvanecida en el piso de su casa, y luego la clínica informó que la senadora murió al parecer por un paro cardiorespiratorio, no se descartaba que algo haya tenido que ver su estado de ánimo que comenzó a venirse abajo hace poco más de un año.

Se habló con al menos dos personas allegadas a ella y con una tercera que la veía eventualmente: y todas ellas coinciden en decir que la extradición de su hermano Álvaro Córdoba a Estados Unidos, por tráfico de cocaína, le produjo a Piedad no sólo un profundo dolor sino que, sobre todo, le creó un rompimiento familiar que para ella fue imposible de superar. De paso, le provocó una gran decepción darse cuenta de que ninguno de quienes están en el poder, y otrora fueron sus amigos, le ayudaron con el caso de su hermano.

Un año exactamente

Tal vez no sea simplemente una trágica coincidencia el hecho de que la muerte de la senadora Piedad Córdoba se haya dado exactamente un año después de la extradición de su hermano, que se hizo efectiva el 20 de enero de 2023. Álvaro Córdoba quedó atrapado en una operación de la DEA mientras acordaba un negocio de cargamentos de cocaína con un supuesto capo mexicano y miembros de las disidencias de las Farc, del grupo de Gentil Duarte.

A aquella mujer que por muchos años fue una de las más combativas del país, sino la más, que llamaba la atención a donde llegaba, no solo porque era grande y fuerte, también carismática y cariñosa, en los últimos meses se hacía difícil reconocerla porque se fue encogiendo en un pequeño cuerpo, frágil y desvalido, que pedía a gritos ayuda.

Lo de su hermano Álvaro, la captura y la extradición, no solo fue un golpe en el corazón para Piedad Córdoba sino que produjo un desastre personal aún mayor: su hermana del alma, Gloria, dejó de hablarle a Piedad y la senadora no pudo volver a ver a su madre, Lía Esneda Ruiz, una mujer de más de 90 años que ha sido su principal referencia en el mundo y que hoy está sufriendo los rigores de la edad en su mente.

El quiebre con su familia

Una de las personas cercanas a Piedad dice que su familia le echó la culpa de lo que le ocurrió a Álvaro y por eso partieron cobijas con ella. Si bien, no pudimos confirmar con algún miembro de su familia si ese fue el motivo, lo cierto es que la ruptura sí se dio y desde entonces Piedad se vino abajo.

“Piedad me contó que como a finales de 2021 o principios de 2022, durante su última campaña al Senado, ella estaba comiendo en la casa de su madre y ahí estaba su hermano Álvaro. Su hermano estaba muy metido en Venezuela, de hecho ella lo metió en Venezuela, le dio en su momento representaciones de muchos negocios allá. Álvaro le dijo a Piedad que había unos mexicanos que querían invertir en su campaña. Y Piedad contaba que le respondió: ¿Quiénes son? Porque yo soy amiga de López Obrador, yo conozco la gente de México, y ojo, Álvaro, que esto puede ser una trampa. Acuérdate que van por mí, y todo el mundo trata de ponerme trampas”.

Al parecer el hermano no le hizo caso a Piedad, al menos al relato que hacía la senadora a sus amigos, o más bien tal vez para ese momento ya el daño estaba consumado. Porque a Álvaro lo capturaron en Medellín el 3 de febrero de 2022 y luego se supo que las pruebas en su contra las habían recogido el 3 de septiembre de 2021, cuando un agente de la DEA que se hizo pasar por un narco mexicano, se reunió con él y dos colombianos más. En el expediente se menciona que los tres le confirmaron al agente oculto que tenían un contacto con capacidad de producir hasta 8.000 kilos de cocaína cada cuatro meses. Y Álvaro Córdoba incluso dijo que el contacto tenía un ejército de 300 hombres para proteger los alijos.

Más allá del debate de si el hermano de Piedad cayó en una trampa o no, las pruebas en su contra parecían serías. Cuando lo capturaron se produjo el quiebre con su familia. Eso fue demoledor para Piedad. No solo Gloria era su hermana del alma, su mano derecha en la vida, si no que su mamá era su gran referente.

Un reportaje sobre la mamá de Piedad, publicado en 2012, en el portal Kienyke, contaba que un día llegó llorando a su casa y le dijo a su mamá que no quería volver a salir a la calle porque los niños le decían ‘negra espantalavirgen’. Y que su mamá reunió a todos los hijos y les dijo que si volvían llorando como Piedad, no saldrían más a la calle, porque era el colmo que las burlas por su color de piel los ‘achicopalaran’. Y que les dejó claro que “la gente es gente por lo que tiene por dentro, por su espíritu trabajador, por su sabiduría”.

La mamá tenía tanto carácter como Piedad: en tiempos en el que el racismo era la norma, ella, blanca, de ojos claros y rubia, dio la batalla para casarse con un hombre afro nacido en un caserío a orillas del río Atrato, director del colegio de Puerto Valdivia, que la encantaba por la manera cómo se expresaba y el conocimiento de los libros que tenía.

Ese origen de Piedad, sin duda, tuvo mucho que ver con lo que fue su trayectoria política, en la que defendió como pocas el derecho a la igualdad. Por eso, no poder ver a su madre, seguramente se le convirtió en un dolor inaguantable.

¿Y el presidente Petro?

Piedad Córdoba, tratando de salvar a su hermano, publicó en su cuenta de X, el 19 de marzo de 2022, un video de Álvaro Córdoba trotando en una banda de carreras, en el que se le oía decir que él era inocente y le hacía guiños al entonces candidato Gustavo Petro. Piedad escribió: “Víctima de un entrampamiento contra Petro y obvio contra mi!! Venceremos!! Mi hermano!!”.

El mensaje lo publicó apenas seis días después de ser elegida senadora por el Pacto Histórico, y tal vez con la ilusión de que en ese puesto de poder iba a tener algún tipo de ayuda extra de Petro en caso de que fuera elegido presidente unos meses después.

Poco sirvieron los esfuerzos de la senadora para frenar la extradición de su hermano, cinco años menor que ella. El 20 de enero del año pasado, el presidente Petro firmó la resolución que autorizó su extradición.

En las conversaciones que en los últimos meses sostuvo Piedad con las fuentes que ayudaron a construir esta historia, la senadora se mostraba molesta con Gustavo Petro. No solo por la extradición de su hermano, sino por lo que estaba ocurriendo con el proyecto político del Pacto Histórico. “Antes de las elecciones de octubre pasado, Piedad lo llamó o habló con él y le dijo que se estaban equivocando en la campaña, que iban a perder en todos lados porque no estaban cumpliendo lo que habían prometido, que no estaban trabajando por el pueblo”, cuenta una de las fuentes. “Solo ganamos en Nariño porque no había candidatos de otros partidos”, le dijo Piedad a su amiga.

Es curioso que Petro, precisamente, como si se le hubieran quedado grabadas esas palabras de Piedad, lo primero que hizo ayer, el día después de la muerte de la senadora, fue decir que “ante Piedad es importante una autorreflexión del Pacto Histórico. Les propongo: reunión de las 1.500 personas elegidas en 2023: El congreso progresista. Objetivo: ganar las elecciones del 2026 y hacer irreversible la transformación democrática de Colombia y el Acuerdo Nacional para la justicia y la Paz”.

Piedad no tenía una buena relación con Petro. En alguna ocasión, como se recuerda, dijo que era “una mala persona” y que por ello no debía ser presidente. Pero, más recientemente, ella llegó a pensar, según le contó a sus allegados, que el incidente en el que resultó retenida por traer dinero en su turbante desde Honduras era una trampa que alguien del Pacto Histórico le había puesto para tener una excusa y no ponerla en la lista al Senado en 2022. “Ellos eran los únicos que sabían de ese dinero”, contó Piedad. “Piedad estaba convencida de que la querían dejar por fuera de la lista cerrada y que finalmente la incluyeron fue por la presión de mandos medios de la guerrilla y de los afro”, relata otra de las fuentes.

La senadora, que el próximo jueves cumpliría 69 años, sin duda estaba en un momento emocional extremo de su vida. “Piedad me decía: el problema es que todo el mundo está corrupto, los ricos, los pobres, los que llegamos al poder nuevo, los que llegan viejos, todo el mundo”, agrega una de sus amigas.

Y sabrá ella por qué lo decía, pues Piedad, después de haber luchado muchos años por causas justas, se dejó tentar por el poder y quedó involucrada en casos como el del colombiano Alex Saab, al que según la investigación de Estados Unidos le ayudó con los contactos para conseguir y sacar de Venezuela unos 30 millones de dólares. El periodista Gerardo Reyes cuenta en su libro que Córdoba disfrutaba de bacanales en las mansiones de Saab en todo el mundo.

El millonario lobby

Piedad, en las conversaciones con sus allegados, no solía mostrarse afectada por estos hechos, lo que le dolía y afectaba era lo de su hermano y su familia. Lo de Saab y lo de su supuesto apoyo en las Farc, ella decía que todo lo tenían que demostrar.

¿De dónde sacaba Piedad Córdoba dinero?, se le pregunta a una de las fuentes. Y ella explica que Piedad se convirtió en el canal para que muchos empresarios colombianos pudieran rescatar los capitales que se les habían quedado atrapados en Venezuela tras las drásticas medidas económicas de Hugo Chávez. Por esa tarea que Piedad llamaba de “lobby”, y que hacía de la mano de Celia Florez, la esposa de Nicolás Maduro, se ganaba una comisión. “En un caso, por ejemplo, para rescatar 15 millones de dólares, Celia cobraba 3 millones, Piedad 2 millones y al que le hacían el favor de desembargarle le devolvían 10 millones”.

Hablando de Venezuela, precisamente, en los últimos meses, Piedad también decía estar muy dolida con el presidente Nicolás Maduro. “Maduro supo que iban a extraditar a mi hermano y me habría podido avisar y podríamos haber hecho algo para que no se lo llevaran”, le dijo Piedad a algunos de sus allegados.

La frágil situación emocional de Piedad Córdoba posiblemente se complicó más el pasado 2 de enero cuando su hermano Álvaro se declaró culpable de los delitos de narcotráfico en Estados Unidos.

En el reportaje sobre la mamá de Piedad que ya hemos mencionado, escrito por Pacho Escobar, en el portal KienyKe en 2012, contaban que doña Lía le reclamaba a su hija: “Cómo es posible que no pensés ni en tu familia y peor aún, en vos misma, en tu salud, en tu integridad. Ahora vea esto, la gente se da cuenta quiénes son tus hermanos y la cogen contra ellos”. Y que ante tal regaño, Piedad ofreció cambiarse el apellido, pero su mamá le contestó que esa no era la solución y luego de discutir dejaron de hablar durante una semana. El periodista anota que “nunca habían estado tanto tiempo alejadas. Pronto volvieron a hablar”.

Lamentablemente, para Piedad y su familia, esta vez no ocurrió así.

Dos días antes de su muerte, Piedad Córdoba le contó a una de sus amigas que había estado muy mal, pero que ya estaba mejor. Que estaba muy impedida y no podía caminar.

Natalia, la hija de Piedad, estuvo pendiente de la combativa senadora en los últimos tiempos. Fue ella quien la encontró ya muerta en el piso de su apartamento.

FUENTE: El Colombiano

Con mermelada sabor TIC estarían aceitando la reforma a la salud

Hoy la Cámara de Representantes volverá a discutir y votar los 62 artículos que faltan del proyecto. Aunque los votos del Partido de la U han sido claves, estos tendrían un precio.

Cada vez toman más fuerza las denuncias de presunto cohecho (la palabra jurídica para corrupción y soborno) en torno al trámite y aprobación de la reforma a la salud del Gobierno de Petro en el Congreso; situación que ha sido expuesta por algunas congresistas –como Catherine Juvinao Jennifer Pedraza– y que manchan de ilegitimidad a ese proyecto de ley.

Se trata del papel que ha jugado el ministro de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), Mauricio Lizcano, en la votación de la reforma por parte de los congresistas del Partido de la U, colectividad a la que perteneció hasta 2021 y desde donde llegó a ser presidente del Senado entre 2016 y 2017.

Según expuso la periodista Paola Herrera, se estaría usando la Agencia Nacional del Espectro y la Agencia Nacional Digital para darle cuotas políticas a los representantes a la Cámara de La U a cambio de sus votos en el Legislativo en favor de la reforma a la salud. En ese sentido, señaló que el representante Wilmer Carrillo y el senador Alfredo Deluque serían los encargados de alinear a sus colegas para seguir votándole esta reforma al Gobierno nacional.

De hecho, durante la votación de diez artículos la semana pasada –en la que la discusión estuvo marcada por los gritos, los aplazamientos y las peleas entre representantes– fue clave el apoyo de la bancada de La U.

Por ejemplo, en la aprobación de los artículos 97, 99, 100, 101 y 102 fueron decisivos los votos de los representantes Camilo Ávila, Wilmer Ramiro Carrillo, Alexander Guarín Silva, Milene Jarava Díaz, Álvaro Mauricio Londoño, José Eliécer Salazar, Jorge Eliécer Tamayo y Diego Fernando Caicedo.

Así mismo, este grupo votó a favor de los artículos 40, 41, 44, 45 y 46 junto a sus compañeros Julián David López, Astrid Sánchez Montes de Oca, Ana Paola García y Teresa de Jesús Enríquez.

El primer paquete de artículos habla de la gestión de las tecnologías aplicables en salud, del sistema de monitoreo de abastecimiento oportuno de tecnologías en salud, de la producción de vacunas en el país, de la eliminación de trámites ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) y de la condonación de intereses por sanciones impuestas por el Invima.

El segundo paquete se refiere al régimen de contratación de las Instituciones de Salud del Estado (ISE), a los órganos de dirección y administración de las ISE, al régimen laboral de estas, a los derechos de permanencia de los servidores y a la Entidad de Salud del Estado Itinerante.

Hasta ahora, esta reforma, que volverá al ruedo hoy en la Cámara, ha sido votada en un 56 %, con 73 artículos aprobados y ocho eliminados.

Pero volviendo a las presuntas dádivas a los de La U, la otra entidad señalada como fortín politiquero para tranzar apoyos y así aceitar la reforma a la salud es el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, adscrito al Ministerio de las TIC, al mando de Lizcano.

Según la denuncia, por medio de esa entidad se estarían firmando convenios interadministrativos para otorgar contratos a los recomendados de los senadores y representantes a la Cámara.

De hecho, en una revisión que hizo de la contratación en el Fondo Único, encontró que los contratos por prestación de servicios pasaron de 44 entre agosto (cuando inició el Gobierno Petro) y noviembre de 2022 a 339 en el mismo periodo de este año. Incluso, de los 1.373 contratos que ha firmado esa entidad en lo que va de esta administración, 1.305 han sido por prestación de servicios. El 95 % de toda la contratación.

¿Quién es Mauricio Lizcano?

El presunto artífice de estos movimientos en el Congreso, en donde se ha vuelto un visitante asiduo cuando la reforma a la salud está en discusión, es un curtido político nacido en Medellín, pero con carrera política hecha en Caldas, que estuvo en el Congreso entre 2006 y 2018 avalado por el Partido de la U, año en el que no aspiró a repetir curul por irse a hacer campaña por Germán Vargas Lleras.

Tres años después de estar casi en el anonimato, renunció a La U para fundar su propio partido, Gente en Movimiento, que en las pasadas elecciones logró ganar la Gobernación de Vaupés y la de Caldas en coaval con otros cuatro partidos; así como la Alcaldía de Espinal (Tolima) en coalición con el Partido Conservador y tres curules en la Asamblea de Caldas.

En 2017 la Procuraduría le abrió una indagación preliminar por la compra de un predio en Quinchía (Risaralda) que habría sido objeto de reclamo en varios procesos de restitución de tierras.

Ante estos hechos, Lizcano respondió en su cuenta de X (antes Twitter) que “en el Ministerio de las TIC no se entrega mermelada a cambio de votos por las reformas”.

¿Vicios de trámite en la reforma?

Cada mes que pasa aparecen más señalamientos de presuntos vicios de trámite en el proyecto de reforma a la salud. Primero fue el del tipo de ley que debió haberse presentado: varios constitucionalistas y congresistas coinciden en que debió ser una ley estatutaria, y no una ordinaria, por tratarse de un derecho fundamental (la salud).

Después representantes de oposición expresaron que se interrumpieron votaciones en curso sin justificación clara y que en el texto hay errores de numeración. El más reciente fue el de la claridad por el costo fiscal que tendrá, pues hasta ahora la reforma no tiene el concepto de viabilidad fiscal del Ministerio de Hacienda al tratarse de una ley que implica gasto público.

FUENTE: El Colombiano

Gobierno Petro le pagaría más de $200.000 a quienes denuncien compra de votos el domingo

La decisión de emprender una campaña para pagarle a quienes denuncien a los compradores de votos en la jornada electoral del domingo 29 de octubre la tomó el presidente Gustavo Petro.

Justo después de aterrizar en China, el presidente Gustavo Petro anunció que dio la orden de desplegar una estrategia para enfrentar este domingo a los compradores de votos por medio del pago a los ciudadanos que se atrevan de denunciar.

“He dado autorización para pagar las informaciones efectivas sobre compradores de votos en todo el territorio nacional. Comprar votos es un delito”, aseguró el jefe de Estado colombiano desde territorio chino.

Tras recibir esa directriz, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, entregó detalles sobre la manera en la que funcionaría ese pago. Velasco aseguró en Blu Radio que el pago a quienes denuncien sería una medida de transparencia en el contexto electoral.

“Le sale más barato al Gobierno invertir unos recursos en recompensas para capturar a los compradores de voto, que lo que le puede salir a la sociedad dejar que unos bandidos compren votos”, expuso el ministro del Interior en el medio citado.

Además, Velasco señaló que la meta del Gobierno Petro es poder pagarle más al ciudadano de lo que pagaría el comprador de votos, pues considera que así se lograría que se prefiera denunciar en lugar de vender el voto.

“Lo que tienes que saber los grupos de compradores de votos es que, si ellos ofrecen, el Gobierno ofrecerá más para descubrirlos y ponerlos ante la justicia”, apuntó el ministro en Blu Radio, y agregó que han recibido alertas sobre prácticas que afectan la democracia.

Cuando le consultaron sobre el monto que se pagaría, el jefe de la cartera del Interior detalló que la cifra podría rondar los 200.000 pesos. “Pensaría que un poco más (de $200.000). Esto es para denunciar al que está cometiendo un delito”, dijo.

El pago todavía no ha sido aprobado

Aunque el presidente Petro aseguró que dio la autorización para pagarle a quienes denuncien a los compradores de votos este domingo, Velasco aclaró que para pagar esas recompensas todavía se necesita tener aprobación de otras dependencias.

El ministro señaló que este mismo martes recibirá un concepto de un estudio sobre la viabilidad jurídica de esta estrategia, pero insistió en que de tener luz verde se dará un valor “que valga la pena” a quienes se atrevan a denunciar.

Estamos haciendo un estudio, hoy (martes) lo entregan, para ver si jurídicamente podemos hacerlo y, al parecer, tenemos la viabilidad jurídica para hacerlo; buscamos los recursos y el ciudadano que sea abordado, que le ofrezcan 100.000 pesos o 200.000 pesos por un voto, pues tenga una mejor opción y es avisarles a las autoridades”, señaló el ministro Velasco.

El congresista Alejandro Toro, representante a la Cámara del Pacto Histórico, difundió este martes una tabla en la que aseguraba que el Gobierno pagaría entre uno y cinco millones de pesos a quienes denuncien delitos electorales, pero el Ministerio del Interior lo desmintió.

Desde esa cartera respondieron que los pagos a quienes denuncien todavía no están concertados y se aclaró que el ministro Velasco está adelantando reuniones con la Policía y dialoga con la Defensa del Pueblo para poder definir cómo funcionará.

FUENTE: El Colombiano