Con mermelada sabor TIC estarían aceitando la reforma a la salud

Hoy la Cámara de Representantes volverá a discutir y votar los 62 artículos que faltan del proyecto. Aunque los votos del Partido de la U han sido claves, estos tendrían un precio.

Cada vez toman más fuerza las denuncias de presunto cohecho (la palabra jurídica para corrupción y soborno) en torno al trámite y aprobación de la reforma a la salud del Gobierno de Petro en el Congreso; situación que ha sido expuesta por algunas congresistas –como Catherine Juvinao Jennifer Pedraza– y que manchan de ilegitimidad a ese proyecto de ley.

Se trata del papel que ha jugado el ministro de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), Mauricio Lizcano, en la votación de la reforma por parte de los congresistas del Partido de la U, colectividad a la que perteneció hasta 2021 y desde donde llegó a ser presidente del Senado entre 2016 y 2017.

Según expuso la periodista Paola Herrera, se estaría usando la Agencia Nacional del Espectro y la Agencia Nacional Digital para darle cuotas políticas a los representantes a la Cámara de La U a cambio de sus votos en el Legislativo en favor de la reforma a la salud. En ese sentido, señaló que el representante Wilmer Carrillo y el senador Alfredo Deluque serían los encargados de alinear a sus colegas para seguir votándole esta reforma al Gobierno nacional.

De hecho, durante la votación de diez artículos la semana pasada –en la que la discusión estuvo marcada por los gritos, los aplazamientos y las peleas entre representantes– fue clave el apoyo de la bancada de La U.

Por ejemplo, en la aprobación de los artículos 97, 99, 100, 101 y 102 fueron decisivos los votos de los representantes Camilo Ávila, Wilmer Ramiro Carrillo, Alexander Guarín Silva, Milene Jarava Díaz, Álvaro Mauricio Londoño, José Eliécer Salazar, Jorge Eliécer Tamayo y Diego Fernando Caicedo.

Así mismo, este grupo votó a favor de los artículos 40, 41, 44, 45 y 46 junto a sus compañeros Julián David López, Astrid Sánchez Montes de Oca, Ana Paola García y Teresa de Jesús Enríquez.

El primer paquete de artículos habla de la gestión de las tecnologías aplicables en salud, del sistema de monitoreo de abastecimiento oportuno de tecnologías en salud, de la producción de vacunas en el país, de la eliminación de trámites ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) y de la condonación de intereses por sanciones impuestas por el Invima.

El segundo paquete se refiere al régimen de contratación de las Instituciones de Salud del Estado (ISE), a los órganos de dirección y administración de las ISE, al régimen laboral de estas, a los derechos de permanencia de los servidores y a la Entidad de Salud del Estado Itinerante.

Hasta ahora, esta reforma, que volverá al ruedo hoy en la Cámara, ha sido votada en un 56 %, con 73 artículos aprobados y ocho eliminados.

Pero volviendo a las presuntas dádivas a los de La U, la otra entidad señalada como fortín politiquero para tranzar apoyos y así aceitar la reforma a la salud es el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, adscrito al Ministerio de las TIC, al mando de Lizcano.

Según la denuncia, por medio de esa entidad se estarían firmando convenios interadministrativos para otorgar contratos a los recomendados de los senadores y representantes a la Cámara.

De hecho, en una revisión que hizo de la contratación en el Fondo Único, encontró que los contratos por prestación de servicios pasaron de 44 entre agosto (cuando inició el Gobierno Petro) y noviembre de 2022 a 339 en el mismo periodo de este año. Incluso, de los 1.373 contratos que ha firmado esa entidad en lo que va de esta administración, 1.305 han sido por prestación de servicios. El 95 % de toda la contratación.

¿Quién es Mauricio Lizcano?

El presunto artífice de estos movimientos en el Congreso, en donde se ha vuelto un visitante asiduo cuando la reforma a la salud está en discusión, es un curtido político nacido en Medellín, pero con carrera política hecha en Caldas, que estuvo en el Congreso entre 2006 y 2018 avalado por el Partido de la U, año en el que no aspiró a repetir curul por irse a hacer campaña por Germán Vargas Lleras.

Tres años después de estar casi en el anonimato, renunció a La U para fundar su propio partido, Gente en Movimiento, que en las pasadas elecciones logró ganar la Gobernación de Vaupés y la de Caldas en coaval con otros cuatro partidos; así como la Alcaldía de Espinal (Tolima) en coalición con el Partido Conservador y tres curules en la Asamblea de Caldas.

En 2017 la Procuraduría le abrió una indagación preliminar por la compra de un predio en Quinchía (Risaralda) que habría sido objeto de reclamo en varios procesos de restitución de tierras.

Ante estos hechos, Lizcano respondió en su cuenta de X (antes Twitter) que “en el Ministerio de las TIC no se entrega mermelada a cambio de votos por las reformas”.

¿Vicios de trámite en la reforma?

Cada mes que pasa aparecen más señalamientos de presuntos vicios de trámite en el proyecto de reforma a la salud. Primero fue el del tipo de ley que debió haberse presentado: varios constitucionalistas y congresistas coinciden en que debió ser una ley estatutaria, y no una ordinaria, por tratarse de un derecho fundamental (la salud).

Después representantes de oposición expresaron que se interrumpieron votaciones en curso sin justificación clara y que en el texto hay errores de numeración. El más reciente fue el de la claridad por el costo fiscal que tendrá, pues hasta ahora la reforma no tiene el concepto de viabilidad fiscal del Ministerio de Hacienda al tratarse de una ley que implica gasto público.

FUENTE: El Colombiano

Gobierno Petro le pagaría más de $200.000 a quienes denuncien compra de votos el domingo

La decisión de emprender una campaña para pagarle a quienes denuncien a los compradores de votos en la jornada electoral del domingo 29 de octubre la tomó el presidente Gustavo Petro.

Justo después de aterrizar en China, el presidente Gustavo Petro anunció que dio la orden de desplegar una estrategia para enfrentar este domingo a los compradores de votos por medio del pago a los ciudadanos que se atrevan de denunciar.

“He dado autorización para pagar las informaciones efectivas sobre compradores de votos en todo el territorio nacional. Comprar votos es un delito”, aseguró el jefe de Estado colombiano desde territorio chino.

Tras recibir esa directriz, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, entregó detalles sobre la manera en la que funcionaría ese pago. Velasco aseguró en Blu Radio que el pago a quienes denuncien sería una medida de transparencia en el contexto electoral.

“Le sale más barato al Gobierno invertir unos recursos en recompensas para capturar a los compradores de voto, que lo que le puede salir a la sociedad dejar que unos bandidos compren votos”, expuso el ministro del Interior en el medio citado.

Además, Velasco señaló que la meta del Gobierno Petro es poder pagarle más al ciudadano de lo que pagaría el comprador de votos, pues considera que así se lograría que se prefiera denunciar en lugar de vender el voto.

“Lo que tienes que saber los grupos de compradores de votos es que, si ellos ofrecen, el Gobierno ofrecerá más para descubrirlos y ponerlos ante la justicia”, apuntó el ministro en Blu Radio, y agregó que han recibido alertas sobre prácticas que afectan la democracia.

Cuando le consultaron sobre el monto que se pagaría, el jefe de la cartera del Interior detalló que la cifra podría rondar los 200.000 pesos. “Pensaría que un poco más (de $200.000). Esto es para denunciar al que está cometiendo un delito”, dijo.

El pago todavía no ha sido aprobado

Aunque el presidente Petro aseguró que dio la autorización para pagarle a quienes denuncien a los compradores de votos este domingo, Velasco aclaró que para pagar esas recompensas todavía se necesita tener aprobación de otras dependencias.

El ministro señaló que este mismo martes recibirá un concepto de un estudio sobre la viabilidad jurídica de esta estrategia, pero insistió en que de tener luz verde se dará un valor “que valga la pena” a quienes se atrevan a denunciar.

Estamos haciendo un estudio, hoy (martes) lo entregan, para ver si jurídicamente podemos hacerlo y, al parecer, tenemos la viabilidad jurídica para hacerlo; buscamos los recursos y el ciudadano que sea abordado, que le ofrezcan 100.000 pesos o 200.000 pesos por un voto, pues tenga una mejor opción y es avisarles a las autoridades”, señaló el ministro Velasco.

El congresista Alejandro Toro, representante a la Cámara del Pacto Histórico, difundió este martes una tabla en la que aseguraba que el Gobierno pagaría entre uno y cinco millones de pesos a quienes denuncien delitos electorales, pero el Ministerio del Interior lo desmintió.

Desde esa cartera respondieron que los pagos a quienes denuncien todavía no están concertados y se aclaró que el ministro Velasco está adelantando reuniones con la Policía y dialoga con la Defensa del Pueblo para poder definir cómo funcionará.

FUENTE: El Colombiano

Tras datos de empleo en EE.UU., el dólar abrió la jornada al alza y superó los $4.400

El dólar se encamina a su sexta jornada consecutiva con tendencia al alza.

Luego de completar un alza de más de $300 en solo cuatro días, el dólar vuelve a subir en la jornada de este viernes y llegó a superar los $4.400 en las primeras operaciones. Los datos de empleo en EE.UU., fueron mejores de lo esperado, por lo que crecen los temores de más subidas en las tasas de la Fed.

El dólar abrió este viernes con un precio promedio de $4.393,13, ubicándose $23,73 por encima de la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para hoy está en $4.359,40. Sin embargo, la divisa siguió disparada hasta superar los $4.400 por primera vez desde inicios de junio.

Durante las primeras operaciones de la jornada, la moneda tocó un precio máximo de $4.406,80 y un mínimo de $4.390. Cabe señalar que la divisa estadounidense terminó ayer la sesión en el mercado spot con un precio de $4.346,50.

El dólar reaccionó a los datos de empleo de Estados Unidos, al igual que los futuros de los índices estadounidenses que cayeron, mientras que los rendimientos de los bonos de Tesoro se dispararon. El mercado laboral fuerte en EE.UU. hace aumentar las apuestas de que la Reserva Federal tendrá que subir las tasas de interés este año.

El informe de nóminas no agrícolas mostró que los empleadores aceleraron el ritmo de contratación en el país norteamericano, con 336.000 puestos de trabajo agregados en septiembre, muy por encima de las estimaciones de los economistas en dos encuestas de Reuters y Bloomberg, según mostraron los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. este viernes. La tasa de desempleo se mantuvo estable en 3,8%.

“El mercado laboral es muy fuerte, no hay otra forma de decirlo. El titular es mucho más fuerte de lo esperado”, dijo a Bloomberg Dennis DeBusschere, fundador de 22V Research. “Es lo que es: probablemente negativo para las acciones y los bonos del día”.

Los activos de riesgo han estado sufriendo en los mercados globales por la venta masiva de bonos ante las expectativas de las tasas de interés altas. Los rendimientos de los bonos de EE.UU. a 30 años alcanzaron esta semana la tasas de 5% por primera vez desde 2007. La incertidumbre hace que los inversionistas recurran a activos de refugio como el dólar.

Los precios del crudo volvieron a caer este viernes y ampliaron las fuertes pérdidas de las dos sesiones anteriores, por la incertidumbre frente a la demanda de petróleo para fin de año.

Los futuros del petróleo crudo Brent, de referencia para Colombia, bajaban en la mañana US$0,33, o 0,39%, a US$83,74 el barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) caía US$0,45, o 0,55%, a US$81,86 por barril.

FUENTE: El Colombiano

En menos de un mes, los bancos no podrán llamarlo a cobrar los domingos y festivos

A partir del próximo 10 de octubre entrará en vigencia la nueva norma que le da topes de horario a los bancos en sus cobros.

La Ley 2300 de 2023, conocida como ‘dejen de fregar’ entrará en vigencia en menos de un mes, es decir que desde el próximo 10 de octubre los bancos estarán inhabilitados para llamar a sus clientes fuera de horarios laborales, así como domingos y festivos.

La norma regula los horarios, canales y la periodicidad en que los bancos y otras instituciones pueden contactar a sus usuarios para temas de cobranza.

La nueva Ley tiene dos ejes, uno es limitar los horarios en los que las personas pueden recibir llamadas de empresas del sector financiero y comercio en general; pero también le pide al Gobierno que se cree la coordinación del “Registro de números excluidos”, en el que ya se pueden inscribir los consumidores que no deseen recibir llamadas, mensajes, correos o cualquier tipo de contacto comercial o publicitario.

Restricciones

La Ley definió que solo está permitido que las personas reciban llamadas entre las 7:00 a. m. y 7:00 p. m. de lunes a viernes. En cambio, si es un sábado, solo podría ser de 8:00 a.m. y hasta las 3:00 p.m.

Quedó totalmente prohibido y con opción de multas para los infractores, que se llamen a las personas los domingos o festivos, además de los límites fijados.

Con la nueva normativa, las entidades financieras no podrán contactar a las referencias personales del cliente, por lo que únicamente podrá llamar al deudor y al codeudor, teniendo en cuenta las mismas pautas establecidas en la Ley.

Y en caso de ser requerido, el cliente podrá ser gestionado a través del canal de contacto en el que haya sido localizado y más de una vez en una misma semana.

“Una vez establecido un contacto directo con el consumidor, este no podrá ser contactado mediante varios canales dentro de una misma semana ni en más de una ocasión durante el mismo día. Es ideal que el canal de respuesta sea telefónico, para que se registre la contestación por parte del cliente”, dijo Diana Silva, experta financiera y gerente de cobranzas de Ban100.

La experta también señaló que, a partir del próximo 10 de octubre, no se podrá consultar al consumidor financiero sobre las causas o el motivo por el que estaría incumpliendo con los pagos. Sin embargo, sí recomendó que el cliente “manifieste las circunstancias que dieron origen a tal situación, tales como desempleo, reducción de ingresos, calamidad, entre otros. Porque dependiendo de ellas, las entidades ofrecerán diferentes alternativas, todo con el fin de ofrecer soluciones efectivas al usuario”, dijo.

Además de los bancos, otras entidades que entrarán dentro de esta Ley son las industrias de comercio, de telefonía móvil, fundaciones y demás instituciones que ejerzan labores de cobranza.

Se podrán hacer excepciones solo si la comunicación es para informar sobre una confirmación oportuna de las operaciones monetarias realizadas, sobre ahorros voluntarios y cesantías.

Y también para enviar información solicitada por el consumidor o generar alertas sobre transacciones fraudulentas.

FUENTE: El Colombiano

Matoneo y acusaciones calientan el debate de la reforma a la salud

Creación de una subcomisión para buscar consensos armó Troya, pese a haber sido aprobada en plenaria.

Una hora y media se demoró en comenzar el debate de la reforma a la salud en la plenaria de la Cámara de Representantes, luego de negarse una proposición para modificar el orden del día que tenía en primer lugar el abordaje de ese proyecto.

Esta discusión llevaba pendiente casi dos meses y estuvo antecedida por una pelea que involucró a tres congresistas de Alianza Verde, Nuevo Liberalismo y Cambio Radical. Se trató de la aprobación para crear una subcomisión en la Cámara que busca concertar un nuevo texto de reforma y que esté conformada por representantes de los partidos que están en esa corporación. Y eso fue Troya.

Miembros del gobiernista Pacto Histórico emprendieron una “cacería virtual” y un matoneo político en redes contra las representantes Katherine Miranda, Julia Miranda y Carolina Arbeláez, a quienes señalaron de “conspiradoras” y “vendidas” que le hicieron una “jugadita” a esta reforma.

El señalamiento se basaba en que esa proposición, firmada por Julia Miranda, fue aprobada por el pleno de la Cámara y, al parecer, sin que los integrantes del Pacto Histórico se percataran de lo que se estaba votando.

En diálogo Katherine Miranda contó que “lo que ocasionó el matoneo fue la votación de esa proposición que no tiene otro interés diferente que el de generar consensos y escuchar a la academia, al gremio de la salud y a los indígenas, que no se ha hecho hasta ahora”.

La molestia del petrismo en el Congreso vino porque consideraron que esa subcomisión era una “jugadita” para dilatar el debate de la reforma a la salud. “(Hay) representantes que se hacen elegir en nombre de la renovación y lo alternativo, pero tienen como hábito los engaños y las jugaditas de la política de siempre”, expresó la representante Mafe Carrascal.

Por otro lado, la representante Martha Alfonso lanzó una acusación contra el gremio de las EPS del régimen contributivo (Acemi). Ante la cámara de Noticias Caracol dijo que estaba “absolutamente segura (de) que detrás de esta subcomisión están los intereses económicos de las EPS, que seguramente está Acemi detrás de estas jugaditas y que lo que quiere es que no avance el debate”. Incluso, dijo que hay un cálculo político para no asumir un costo electoral previo a las elecciones regionales.

Ante esto, la presidenta ejecutiva de Acemi, Ana María Vesga, respondió que “para tranquilidad de la doctora Alfonso, desde luego que no son las EPS, pero sí pedimos que se abra el espacio”, en referencia a que “no entendemos por qué no darle lugar a esa subcomisión” si se “está hablando de un gran acuerdo nacional y de la posibilidad de entregarle al país una conversación amplia sobre la reforma a la salud que hemos pedido”.

¿En qué quedó la subcomisión?

Al menos hasta hoy, la subcomisión impulsada por las representantes es un saludo a la bandera. El presidente de la Cámara, el liberal Andrés Calle, expresó en el debate que sí se va a crear esta subcomisión para concertar un nuevo texto de reforma, pero advirtió que “de ninguna manera vamos a impedir el debate que debe darse en esta corporación”, debido a que “una comisión accidental no puede abrogarse las tareas que le corresponden a la plenaria de la Cámara”.

Finalizó su intervención explicando que la tarea de esa subcomisión será “únicamente traerle un informe a la plenaria que será aprobado o desaprobado”. De hecho, la Ley 5 de 1992 –que es el reglamento del Congreso– no refiere en su contenido la creación o funcionamiento de subcomisiones. Solo habla de comisiones: permanentes, legales, especiales y accidentales.

Hasta el cierre de esta edición, la plenaria de Cámara debatía dos ponencias de archivo del proyecto de los representantes Juan Felipe Corzo (Centro Democrático) y Betsy Pérez (Cambio Radical), quienes pidieron que la reforma se hundiera. Tanto Corzo como Pérez propusieron esto mismo en el primer debate, pero fueron derrotados con los votos del Pacto Histórico, Partido Liberal, Partido Conservador, La U, Comunes, Alianza Verdes y las curules de paz.

FUENTE: El Colombiano

“No hay motivo para protestar”: MinHacienda dice a camioneros que precio de diésel no ha subido

El precio del diésel a nivel nacional se ha mantenido desde hace meses en $9.065 por galón.

El Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, calificó como injustificadas las manifestaciones de este lunes de los transportadores de carga por el alza en el precio del combustible, pues afirmó que el diésel a nivel nacional se ha mantenido desde hace meses en $9.065 por galón.

“El Gobierno no ha subido el precio del diésel, ni ha contemplado incrementos este año del precio del diéselNo hay ningún motivo para que los camioneros amenacen con un paro con el argumento de que está subiendo el precio del diésel”, expresó el ministro.

Y recalcó que el objetivo detrás de estas manifestaciones es “absolutamente electoral y político que no podemos aceptar”

Al respecto, y como respuesta a las declaraciones hechas por Alfonso Medrano, presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros, quien dijo “que no están protestando únicamente por los precios del diésel, sino en solidaridad con el pueblo colombiano en general”, el presidente Gustavo Petro reiteró a través de sus redes sociales que el diésel, durante su Gobierno, no ha subido, así como tampoco los peajes.

Cabe recordar que el ministro Bonilla ha señalado que el aumento del valor del diésel será más paulatino al que ha ocurrido con la gasolina, pues dijo que este alcanzaría el precio internacional en el 2025.

“Vamos a llegar a precio internacional, aún nos faltan tres meses de aumentos para lograrlo. Pero después tendremos que pensar en el Acpm, el diésel, y sabemos que será doloroso, pero hay que hacerlo, porque hay que cerrar esa brecha y dejar de entregar ese subsidio”, señaló el ministro.

Entre tanto, el ministro de Transporte, William Camargo, afirmó en declaraciones pasadas este año no habrá cambios en el diésel, pero se empezará el incremento desde el 1° de enero del 2024.

Los representantes de los transportadores agrupados en Fedetranscarga, Defencarga o Colfecar han insistido en la necesidad de replantear la fórmula utilizada para definir los precios del diésel, clave para el movimiento de los bienes y servicios que demanda el país.

Y recalcó que el objetivo detrás de estas manifestaciones es “absolutamente electoral y político que no podemos aceptar”

Al respecto, y como respuesta a las declaraciones hechas por Alfonso Medrano, presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros, quien dijo “que no están protestando únicamente por los precios del diésel, sino en solidaridad con el pueblo colombiano en general”, el presidente Gustavo Petro reiteró a través de sus redes sociales que el diésel, durante su Gobierno, no ha subido, así como tampoco los peajes.

“La mayoría de la flota de camiones del país usa diésel y paga peajes en las carreteras de Colombia. El combustible y los peajes representan cerca del 85% de sus costos. Precisamente, desde que inició mi Gobierno, tanto el diésel como a los peajes se le congelaron sus precios”, indicó el Jefe de Estado.

Cabe recordar que el ministro Bonilla ha señalado que el aumento del valor del diésel será más paulatino al que ha ocurrido con la gasolina, pues dijo que este alcanzaría el precio internacional en el 2025.

“Vamos a llegar a precio internacional, aún nos faltan tres meses de aumentos para lograrlo. Pero después tendremos que pensar en el Acpm, el diésel, y sabemos que será doloroso, pero hay que hacerlo, porque hay que cerrar esa brecha y dejar de entregar ese subsidio”, señaló el ministro.

Entre tanto, el ministro de Transporte, William Camargo, afirmó en declaraciones pasadas este año no habrá cambios en el diésel, pero se empezará el incremento desde el 1° de enero del 2024.

Los representantes de los transportadores agrupados en Fedetranscarga, Defencarga o Colfecar han insistido en la necesidad de replantear la fórmula utilizada para definir los precios del diésel, clave para el movimiento de los bienes y servicios que demanda el país.

FUENTE: El Colombiano